lunes, 10 de diciembre de 2007

Un Estado que decide coartar libertades en nombre de la seguridad sabe dónde empieza el proceso, pero no, dónde termina

10-12-2007 - Ante las celebraciones que se proponen para el año 2008, en conmemoración de un hito tan importante como el 60 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo necesario detenerme a reflexionar sobre algunos factores que nos permitan apostar, de cara al futuro, por un sistema plenamente eficaz de garantía de los derechos humanos. Hoy en día, el debate sobre los derechos humanos plantea un difícil reto: repensar y rebuscar un lenguaje genuinamente universal, a través del cual las diversas culturas y civilizaciones puedan conocerse y reconocerse. Solo así se podrá transitar por el camino de la convivencia y la dignidad humanas por el que, desde luego, en el pasado no supimos andar bien.

Desde la necesaria interacción entre la democracia y los derechos humanos, estos últimos no pueden concebirse como un instrumento de dominación e imposición ideológica o de los intereses de un sector de la humanidad sobre otro, pero tampoco se puede obviar la existencia de un consenso acerca del valor universal de los derechos humanos. Universalismo y regionalismo no son fórmulas excluyentes o incompatibles. El respeto de la dignidad humana pasa por una apuesta decidida por el diálogo, la comprensión mutua y el aprecio de la diversidad étnica, cultural y religiosa, haciéndose imprescindible una alianza de valores y de personas que potencien el multiculturalismo, pero siempre comprometidas con normas, valores e ideales democráticos.

El principio de que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos" se configura como una afirmación abstracta para una gran mayoría de seres humanos. Señalo dos realidades que nos acechan: la situación de extrema pobreza y la protección de los grupos especialmente vulnerables. Primero, el binomio pobreza-riqueza es en la actualidad más extremo que nunca. La solución va más allá de las medidas estrictamente económicas. La erradicación de la extrema pobreza no debe apreciarse como un gesto de caridad, sino que es un acto de justicia. Es la protección de un derecho fundamental del ser humano: el derecho a la dignidad y a una vida decente. La superación de la mala organización ético-moral de la economía mundial pasa por la consideración del desarrollo como un derecho humano y por la búsqueda de alternativas correctoras de esta desigualdad.

Y, SEGUNDO, manifiesto la deficiente respuesta ante los derechos de los grupos especialmente vulnerables y del reconocimiento del primero de los derechos humanos: el derecho a tener derechos. Debemos rechazar la confusión entre protección social y reconocimiento de derechos fundamentales, ya que en la mayoría de las ocasiones se incide en que las personas deben ser protegidas en lugar de otorgarles derechos, quedando, por tanto, en situación de dependencia.

Otro reto que tenemos es el de la incidencia de las nuevas tecnologías. Estas constituyen un inmenso cauce de desarrollo de la condición humana, pero suponen también ciertos riesgos y amenazas. Estamos obligados no solo a apreciar las violaciones que para los derechos y libertades puedan seguirse de las nuevas tecnologías, sino, también, a valorar la necesidad de acoger las mejoras que para el ejercicio de estos derechos, como el derecho a la salud o al medio ambiente, tales adelantos puedan suponer.

Estos desafíos deberán guiar el comportamiento de los movimientos sociales y de los estados. Desde la sociedad civil será necesario impulsar políticas concretas, más y mejor orientadas, para lograr hacer realidad los valores éticos, constitucionales y de cohesión social que representan la libertad, el bienestar, la solidaridad y la igualdad. Y, por su parte, el Estado deberá asumir definitivamente su rol de garante de los derechos humanos. Hablo de un Estado que garantice la seguridad y la libertad de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Conceptos --seguridad y libertad-- que ni pueden, ni deben ser enfrentados, ya que un Estado que se tome el permiso de coartar derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, sabe dónde comienza el proceso, pero nunca sabrá dónde termina, porque se trata solo del inicio de una pendiente peligrosa que finaliza siempre en un abismo. Una doctrina que justifique la tortura, las restricciones y las derogaciones a los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional o mundial, únicamente logrará potenciar medidas que resultarán más desestabilizadoras que su justificación.

EN CUANTO a la protección internacional, si bien es verdad que tanto el sistema universal como regional de garantía de los derechos humanos han ido mejorando sus técnicas de actuación a lo largo de los años, al mismo tiempo han venido mostrando patologías y disfunciones que privan, a veces de modo intenso, de eficacia a su labor. Necesitamos trabajar en la reforma de estos sistemas ya que la causa de los derechos humanos debe entrar en una nueva era: la de su aplicación.La lucha por los derechos humanos, entendida como proceso histórico y continuo en la permanente búsqueda del bien común de la humanidad, no ha hecho más que comenzar.

DAVID Bondia García
Profesor de Derecho Internacional Público de la UB y director del Institut de Drets Humans de Catalunya.
El Periodico

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