viernes, 28 de diciembre de 2007

Subidas inoportunas

Los ciudadanos comprobarán en breve que la escalada de los precios todavía no ha llegado a lo más alto y que el ya deteriorado poder adquisitivo de los salarios todavía puede empeorar.

28-12-2007 - Casi todas las tarifas de servicios públicos se encarecerán muy por encima de la inflación prevista en 2008. Los inquietantes ejemplos van desde el 4,8% que subirán las tarifas del gas, el 2,7% que aumentarán los precios telefónicos o el 4,5% que se encarecerán los billetes de los trenes de cercanías. La presión de las tarifas públicas elevará los precios de otros servicios, como los taxis o el transporte por carretera.

En principio, las subidas de tarifas, como las de los alimentos básicos que han disparado la tasa anual de inflación hasta el 4,1%, responden a la política ortodoxa de transferir los aumentos de costes a los consumidores. Así debe suceder en una economía de mercado. Los problemas son de otro orden. Uno de ellos es la inoportunidad de estas subidas, que disminuirán sensiblemente el poder adquisitivo de los consumidores y, por tanto, su bienestar. Es bien conocido el riesgo de que, por una parte, disminuya el consumo y, por tanto, el crecimiento económico y, por otra, las reclamaciones salariales para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo acaben por favorecer un nuevo recrudecimiento de la inflación.

Lo más preocupante es que detrás de esa política correcta de trasladar los costes a los compradores se amparen subidas de precios oportunistas, especulativas, casi siempre en mercados dominados por redes de distribución monopolistas u oligopolistas. Detrás de los encarecimientos espectaculares de algunos alimentos, como el pan o varios productos agrícolas, se esconden este tipo de comportamientos, típicos de logreros. Hace falta con urgencia que el Gobierno practique una política antiinflacionista más activa para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados.

El Pais

jueves, 27 de diciembre de 2007

CCOO, ante las recientes sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), relativas a las empresas Viking y Laval

28-12-2007 - , que restringen el derecho de huelga en Europa y favorecen el dumping social, considera que es necesario modificar la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores para establecer de forma más precisa la primacía de las leyes y convenios del país en donde se realiza la actividad, así como establecer en la práctica la primacía de los derechos sindicales transnacionales, incluido el de huelga, contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales, a la que el recientemente aprobado Tratado de Lisboa concede carácter jurídicamente vinculante.

Las sentencias del TJE, aunque reconocen el derecho de huelga, establecen que este derecho no prevalece sobre la libertad de establecimiento de las empresas ni sobre la libertad de prestación de servicios. Ahora corresponde a los tribunales -británico y sueco- que pidieron al TJE las respectivas sentencias prejudiciales fallar sobre el fondo de ambos casos, pero con estos antecedentes no son previsibles sentencias favorables a las demandas sindicales, lo que, en opinión de CCOO, tendría consecuencias muy negativas para la capacidad de negociación de los sindicatos además de contribuir claramente a favorecer el dumping social.
Recordemos que Viking es una empresa de transporte finlandesa, propietaria de varios transbordadores, uno de los cuales, el Rosella, realiza la ruta Helsinki-Tallín (Estonia). En 2003, argumentado que la compañía estaba sufriendo pérdidas, Viking pretendió rematricular el barco bajo pabellón estonio y contratar marineros estonios, con fin de abaratar costes ante la competencia de los transbordadores de dichos país. La respuesta del sindicato de marinos finlandeses -FSU-, fue la convocatoria de una huelga para exigir que la empresa garantizase a los trabajadores las condiciones de trabajo de Finlandia. Viking presentó una demanda ante los tribunales británicos contra la FSU y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) que había desarrollado acciones de solidaridad y que tiene su sede en Inglaterra. El tribunal británico planteó una petición de decisión prejudicial al TJE sobre la interpretación del artículo 43 del tratado de la Comunidad Europea (CE) y el Reglamento (CEE) nº 4055/86 relativos a la libertad de establecimiento y a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte, respectivamente. El 11 de diciembre el TJE emitió su sentencia en la que reconoce el derecho de los sindicatos a convocar huelgas, al mismo tiempo dice que en este caso estas medidas de conflicto colectivo pueden constituir restricciones al derecho de establecimiento. En definitiva, aunque reconoce que estas restricciones pueden estar justificadas en determinadas circunstancias, plantea una cierta preferencia por la libertad de establecimiento frente al derecho de huelga.

Por su parte, Laval un Partneri Ltd, empresa letona de construcción con sede social en Riga, desplazó en 2004 a 35 trabajadores para la construcción de un colegio en Vaxholm, cerca de Estocolmo, cuyo contrato había firmado con la empresa sueca L&P Baltic Bygg AB. Ante la negativa de Laval a pagar a sus trabajadores letones el salario reivindicado por el sindicato sueco de la construcción “Byggnads” y la sección sindical nº 1 de dicho sindicato “Byggettan”, éstos adoptaron medidas de conflicto colectivo consistentes en el bloqueo de la actividad, que primero se vieron reforzadas con las acciones solidarias del sindicato de electricistas “Elektrikerena” y posteriormente por otros sindicatos suecos. El 7 de diciembre de 2004, Laval presentó una demanda ante los tribunales suecos contra Byggnads, Byggettan y Elektrikerna para que se declarara la ilegalidad tanto del bloqueo de las actividades como de la acción de solidaridad que afectaban al conjunto de sus proyectos de obra y se pusiera fin a estas medidas. También solicitó que se condenara a estas organizaciones sindicales a indemnizar por el perjuicio sufrido. El tribunal sueco competente planteó una petición de decisión prejudicial al TJE sobre la interpretación de los artículos 12 CE y 49 CE así como de la Directiva 96/71/CE sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. El pasado 18 de diciembre el TJE emitió una sentencia muy restrictiva sobre los derechos sindicales, estableciendo que los sindicatos no pueden obligar, mediante medidas de conflicto colectivo, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, a negociar sobre el salario de los trabajadores desplazados ni a adherirse a un convenio colectivo entre cuyas cláusulas hay algunas más favorables a lo legalmente obligatorio y otras son relativas a materias que ni siquiera están contenidas en la Directiva. El que ésta sólo reconozca a los trabajadores desplazados el derecho a percibir el salario mínimo del país donde realizan su actividad y que en Suecia no exista salario mínimo garantizado por ley son argumentos básicos de la sentencia

Aunque ambas sentencias reconocen el derecho de huelga, sin embargo, según el TJE este derecho no prevalece sobre la libertad de establecimiento de las empresas ni la libertad de prestación de servicios. Ahora corresponde a los tribunales -británico y sueco- que pidieron al TJE las respectivas sentencias prejudiciales fallar sobre el fondo de ambos casos. Con los considerandos de la sentencia no son previsibles sentencias de en ambos casos favorables a las demandas sindicales. Si esto finalmente sucediese las consecuencias serían muy negativas para la capacidad de negociación de los sindicatos, y contribuirían claramente a favorecer el dumping social.

Por último, estas actuaciones judiciales adquieren una perspectiva especialmente importante en el marco del proceso de transposición de la Directiva de Servicios de Interés General que está previsto que en España comience a principios de 2008.

La acción sindical europea debiera orientarse, según la Secretaría de Acción Sindical Internacional de CC OO en un doble sentido: por una parte, modificar la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores para establecer de forma más precisa la primacía de las leyes y convenios del país en donde se realiza la actividad; por otra, establecer en la práctica la primacía de los derechos sindicales transnacionales, incluido el de huelga, contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales, a la que el recientemente aprobado Tratado de Lisboa concede carácter jurídicamente vinculante (excepto para el Reino Unido, en lo que se refiere a los derechos sociales).

Secretaría de Acción Sindical Internacional

C.S. de CC OO

Documentos relacionados
Nota prensa de la CES
Sentencia Viking
Sentencia Laval

miércoles, 26 de diciembre de 2007

Los accidentes laborales se cobraron la vida de 992 trabajadores hasta octubre, un 13,5 % menos

De esa cifra, 716 perdieron la vida en su puesto de trabajo, un 13,2% menos que en igual periodo de 2006, en tanto que 276 fallecieron en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa (accidentes "in itinere"), con un descenso del 14,3%

EUROPA PRESS. Madrid Un total de 922 trabajadores fallecieron en accidente laboral durante los diez primeros meses del año, un 13,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) que elabora el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De esta cantidad, 716 perdieron la vida en su puesto de trabajo, un 13,2% menos que en igual periodo de 2006, en tanto que 276 fallecieron en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa (accidentes "in itinere"), con un descenso del 14,3%.

En conjunto, de enero a octubre se registraron 787.979 accidentes con baja en jornada de trabajo y 81.151 siniestros "in itinere". Los primeros se incrementaron un 0,3% respecto a 2006, mientras que los segundos lo hicieron en un 1,8%.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 779.885 hasta octubre, un 0,3 % más, y los graves ascendieron a 7.378, un 0,2 % menos que en los diez primeros meses del año pasado. En el caso de los siniestros "in itinere" se registraron 79.276 accidentes de carácter leve (+2 %) y 1.599 de gravedad (-2,9 %).

En cuanto a las enfermedades profesionales, hasta octubre se registraron 13.203 casos, de los que 8.973 causaron baja en el puesto de trabajo, cifra que representa un descenso del 44,5 % respecto a los diez primeros meses de 2006.

La construcción

La mayor parte de los accidentes con baja en jornada laboral registrados hasta octubre se produjeron en sectores no agrarios. En los servicios fallecieron 271 trabajadores, mientras que en la construcción, lo hicieron 242. Más lejos se sitúa la industria, con la pérdida de 140 trabajadores y, por último, la agricultura, con 63 trabajadores fallecidos.

Por ramas de actividad, aparte de la construcción, que concentró casi un tercio de las muertes en el trabajo, destacó la rama de transporte terrestre y por tubería, con 102 siniestros mortales en los diez primeros meses del ejercicio.

Analizando los datos por Comunidades Autónomas, la región más castigada por la siniestralidad laboral continuó siendo Andalucía, que concentró 153.448 accidentes laborales con baja, 168 de ellos con resultado de muerte. Le siguieron Cataluña, con 149.586 siniestros y 121 fallecidos, Madrid (127.648 accidentes, 134 muertos) y Comunidad Valenciana (85.875 accidentes, 101 fallecidos).

http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=216562

miércoles, 19 de diciembre de 2007

Algo más que un pacto salarial

19-12-2007 - Sindicatos de trabajadores y representantes de los empresarios se juramentan a recoger en sus relaciones industriales incrementos de los salarios compatibles con las previsiones de inflación establecidas por el BCE y utilizadas por el Gobierno para activar todas las partidas de rentas públicas, impuestos, cotizaciones y tarifas. Aunque no establecen una banda salarial explícita, la práctica del buen sentido mueve los aumentos nominales de los salarios en una horquilla que oscila entre el 2% (previsión de IPC) y el 3% (utilización de parte de la productividad esperada por el sistema). Salarios del 2% al 3% es la traducción práctica de lo que patronal y centrales llaman moderación salarial.

Este ritual ha tenido efectos prácticos beneficiosos para la actividad los últimos 10 años, con una creación insospechada de empleo, gracias al establecimiento de un margen razonable de excedentes para la reinversión. Unos costes financieros contemporáneos plácidos han hecho el resto. Y precisamente ahora que los costes no salariales de producción, como el precio del dinero o la energía, han repuntado de forma generalizada es más precisa que nunca la moderación de los salarios, que en España siguen aportando la mitad del PIB y una proporción mayor de los costes productivos

La negociación colectiva de 2008 es la más delicada desde que arrancó el siglo; no sólo por tener delante tasas de inflación superiores al 4% que hay que combatir y excluir como referencia de negociación, frente a la demanda sindical fácil, felizmente desterrada, de tratar de reponer en la nómina del factor trabajo toda la pérdida estimada en el momento de negociar. Además, por vez primera en muchos años, las expectativas de la actividad son menos firmes, con riesgos ciertos de desaceleración. Los sindicatos han entendido ya que la mejor fórmula para ganar poder adquisitivo de forma estructural es que se amplíe la base de asalariados, que únicamente avanza si lo hace el empleo. Por tanto, si algo debe sacrificarse es la renta individual, para mantener el tirón del empleo.

Pero lo que es una condición necesaria para la moderación salarial, el control de la inflación y la generación de empleo, puede no ser suficiente. Este año, con salarios inferiores al 3%, los costes laborales están por encima del 4%, y los costes laborales unitarios siguen creciendo a tasas que cuadruplican la media de la zona euro (3% frente al 0,8%). Y ahí está la verdadera prueba para la competitividad de la economía: acumular cada año sobrecostes laborales unitarios frente a los competidores resta capacidad en los mercados exteriores y termina pasando factura a la cuota de mercado y al empleo. España debe aportar algo más que moderación salarial para mantener la generación de riqueza y someter al deflactor: márgenes comerciales más razonables, más competencia en los mercados con más oferta, menos estímulo a la demanda y menos capacidad de consumo del principal protagonista del gasto del país, las Administraciones públicas.

Editorial Cinco Dias

Un lastre que no nos podemos permitir

19-12-2007 - No tiene ningún tipo de justificación gravar con este canon todos los soportes y dispositivos. Perjudica a todo el sector tecnológico, repercute indiscriminadamente a los consumidores y dificulta el acceso a la sociedad de la información. La pregunta a responder es ¿por qué tienen que pagar un canon, que se justifica por el derecho a realizar una copia privada de la obra de un autor y como compensación al mismo, quienes usan los soportes y dispositivos electrónicos para usos distintos como pueden ser empresas, administraciones o particulares? La pregunta no tiene una respuesta razonable. Tampoco el criterio de aplicación del canon se puede generalizar a todo elemento susceptible de poder ser usado como soporte para copias privadas de obras de autor, papel, telas... Menos de recibo es justificar el canon digital con el argumento de que compensa las pérdidas que el desarrollo tecnológico genera a quien crea los contenidos; representaría un lastre para el desarrollo de la sociedad de la información para España que no nos podemos permitir.

Diferentes voces se han alzado contra el canon digital: las más de 1.300.000 firmas recogidas por la "plataforma contra el canon"; la Audiencia Provincial de Madrid, que afirmaba "confuso derecho es éste en el que se cobra canon a cambio de una actividad prohibida"; el comisario europeo McCreevy, que en respuesta a una pregunta parlamentaria afirma que sólo pueden gravarse con cánones los soportes y equipos para hacer copias destinadas realmente a uso privado; el dictamen de la "comisión asesora sobre la sociedad de la información", presidida por Manuel Castells, uno de los mayores expertos mundiales en este campo, que califica al canon como "manifiestamente ineficaz e imperfecto"; los autores que publican o editan sus obras bajo licencias copyleft se desmarcan también del cobro del canon.

Mas allá de las opiniones, es un hecho irrefutable que el canon no ha detenido la piratería -es más, nos hace a todos responsables de ella- ni compensa adecuadamente a los autores. Si la copia privada fuera un derecho se podría justificar un canon compensatorio que, entiendo, sólo podrían recaudar y gestionar las administraciones públicas, no entidades privadas como las sociedades de gestión de los derechos de autor. Pero como muy bien explica Roberto Santos de Hispalinux, la copia privada no es un derecho, es un límite a los derechos de los autores a restringir la copia. Lo que justificaría un porcentaje en cada obra original puesta a disposición del público que debería cobrar el autor y sólo el que ya es el titular del derecho y quien lo cede, como compensación de la copia privada de su obra.

El canon actual no funciona así. Repercute en todo tipo de soportes vírgenes y dispositivos a pesar de que la inmensa mayoría de los usos de la tecnología digital (administraciones, empresas...) no corresponde a copia privada y no tiene ningún sentido que deban pagar este canon.
La enmienda que presenté y se aprobó en el Senado el pasado 11 de diciembre dice lo siguiente: "En el plazo de un año se presente un proyecto de ley en el que se modifique el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual eliminando el llamado canon digital y proponiendo alternativas consensuadas con el sector para la salvaguarda de los derechos de autor y de la propiedad intelectual". Es un texto que cuestiona el canon digital pero a su vez afirma los derechos de autor, y lo más importante es que insta al Gobierno a abrir un diálogo para superar el actual conflicto entre consumidores y autores.

Creo que es posible encontrar soluciones que resuelvan problemas sin lesionar derechos. Hay que superar esta situación de bloqueo que se traduce en el día a día en el incremento exponencial de ciudadanos que se adhieren a la "plataforma de todos contra el canon" junto con unas sociedades de gestión de derechos de autor cada vez más enrocadas en la defensa del canon. La política no puede ignorar esta realidad y debe aportar soluciones. La enmienda es una. Ahora corresponde a los grupos en el Congreso de Diputados decidir si mantienen la enmienda aprobada en el Senado o seguimos en el conflicto abierto que hay entre un sector importante de la sociedad contra el canon digital.

JORDI GUILLOT
El Pais

lunes, 17 de diciembre de 2007

IPC de Noviembre subió 0.7

- Variación mensual: 0.7%


- Variación acumulada: 3.8%


− La tasa de variación interanual del IPC del mes de noviembre aumenta cinco décimas y se sitúa en el 4,1%.


− La tasa anual de la inflación subyacente es del 3,2%, una décima mayor que la registrada en octubre.

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1107.pdf

viernes, 14 de diciembre de 2007

El ataque contra la huelga: Caso Viking

14-12-2007 - La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el caso Viking, UNA SENTENCIA CONTRA EL DERECHO DE HUELGA. El caso VIKING, ha coincidido en el tiempo con unas declaraciones del presidente de la patronal italiana, Luca Cordero de Montezemolo, en las que arremetía duramente contra el conflicto social, considerado –dijo el dirigente empresarial— como una reliquia del siglo XIX. Y, también en las mismas fechas, ha coincidido con el juicio contra los trabajadores de Extruperfil (Sevilla) acusados de utilizar los piquetes para extender su conflicto laboral (1). Se trata de tres situaciones (no coordinadas, naturalmente) que se orientan al mismo objetivo: desarbolar el carácter medianamente equilibrador que el derecho laboral encomienda al ejercicio de la huelga y otras expresiones del conflicto social. Ahora bien, no es equiparable el pronunciamiento de un dirigente empresarial con el dictado de una sentencia y, concretamente, de tan alto tribunal. Las palabras de un dirigente empresarial (o de otra persona particular) tienen la carga, en este caso de interesado subjetivismo, que se le quieran; en el segundo caso, a la sentencia se le atribuye la aureola y los perifollos de la ciencia jurídica. A las primeras puedes contestar con un indiferente “a mi, plin”; las segundas son, como quien dice, harina del costal jurídico con las repercusiones, directas e indirectas, del caso.

Cuando hablamos de coincidencia en el tiempo de esas tres situaciones (hemos aclarado que no existe coordinación entre ellas) sí estamos indicando que, de manera difusa, hay un especial interés en la desforestación de los instrumentos, controles y derechos más sensibles de la ciudadanía, no sólo social, sino política. O más en concreto, de la ciudadanía política que está referida a la cuestión social. Porque, como bien dejara sentado T.H. Marshall a lo largo de toda su obra, el concepto de ciudadanía está conformado por los derechos civiles, políticos y sociales. Y no de manera `agregativa´ sino fusionados todos ellos en la condición de ciudadanía.

¿Qué está ocurriendo? La aparición del actual paradigma de innovación-reestructuración de los aparatos productivos y de los sectores terciarios en el mundo de la globalización, según el proyecto de los grandes capitales, requiriría lo siguiente: o bien una cooptación de los sujetos sociales como acompañantes acríticos de tales procesos a cambio de reconocerles su legitimidad en exclusiva en el terreno de la representación del conjunto asalariado o bien el ataque directo contra el sujeto social y la desforestación de sus instrumentos, hoy constitucionales, más sensibles. En ambas hipótesis, la intencionalidad es clara: que en el mundo de la globalización, estos derechos de ciudadanía no fueran un punto de referencia donde mirarse quienes no los tienen.

La operación de cooptar al sindicalismo ha sido un fiasco, de un lado; y, de otro lado, la aparición de la Central Sindical Internacional, el sindicato mundial, es una novedad precisamente para estimular la extensión de los instrumentos, controles y derechos hacia otros países. Así pues, como la criada respondona no quiere ser una prótesis de los nuevos procesos de acumulación capitalista, hay que ponerle la proa. Para ello, entienden que no hay nada mejor que volver la mirada a las nieves de antaño.

Seamos claros, en todos los movimientos –incluso los de carácter democrático— siempre se procuró dejar fuera de juego a “los de abajo”. Dos botones de muestra: a) el movimiento conocido como los ciompi (Florencia en 1378), los gordos dejan tirados en la cuneta a los cardadores de lana; b) la mismísima Revolución francesa se niega a reconocer el derecho de huelga --y el de asociación-- al pueblo trabajador en la Ley Le Chapelier, 1791. Por analogía con lo que estamos hablando traemos a colación una línea argumental que expone el profesor José Rubio Carracedo en Teoría crítica de la ciudadanía democrática (Trotta, 2007). Rubio Carracedo refiere en dicho libro (página 60) que: “La consecuencia con la lógica liberal [está hablando de las reformas del modelo liberal en el siglo XIX] hubiera sido la representación directa [“el individuo es el único intérprete autorizado de sus intereses que nadie puede representar en su lugar”], esto es, aquella en la que un diputado resulta elegido sobre la base de un programa, del que hará rendición de cuentas de un modo continuado, al menos a través de la opinión pública, y que somete políticamente su actuación al juicio de sus electores.

¿Por qué no se hizo así? Porque el liberalismo triunfante en las revoluciones era el que representaba a la burguesía comercial e industrial, que constituía el estamento más activo y hegemónico; y el modelo de representación indirecta le permitía trasladar al ámbito político las desigualdades de poder en el ámbito privado”. Fin de la cita, y una aclaración: no me disculpo por esta cita tan extensa, su jugo lo justifica; y, como puede entenderse, si algunos hubiéramos dicho algo similar, hubiera saltado a la palestra un tonante chillerío acusándonos de panfletistas. Cosa que es más difícil, aunque no imposible, decírselo a un catedrático de Ética y Filosofía Política como don José Rubio Carracedo: los títulos académicos todavía imponen un cierto respeto.

Pues bien, ese “trasladar al ámbito político las desigualdades de poder en el ámbito privado” son las que llevan a Isaac Le Chapelier (jacobino él, no girondino) a negar enfáticamente el derecho de huelga a los de abajo.

¿Estamos divagando? Mais non... Estamos intentando aclarar los viejos puntos de referencia de las razones del actual ataque contra el instituto de la huelga. Que es: la nueva acumulación capitalista debe hacerse naturaliter sin las interferencias (aunque sean constitucionales) del sujeto social. En esa filosofía y orientaciones difusas se inscribe la coincidencia temporal de la sentencia Viking, el juicio contra los trabajadores sevillanos de Extruperfil y las declaraciones del dirigente empresarial italiano. Que apuntan en las siguientes direcciones: 1) contra los derechos que conforman la ciudadanía democrática, y 2) contra las Cartas Magnas de unos y otros países. O lo que es lo mismo, contra el carácter ontológico de la democracia.

La lógica de esas intenciones puede ser interpretada de esta manera: ¿pero en qué cabeza cabe poner en marcha esa operación? O de este modo: comoquiera que el sujeto social no ha querido ser un mandao en la nueva acumulación capitalista de este (largo) proceso de innovación-reestructuración y ha rechazado la legitimación que se le ofrecía, vamos a cortarle sus uñas constitucionales. Pues bien, ¿qué son los dedos democráticos sin sus correspondientes uñas constitucionales? Estos dedos democráticos, así las cosas, se convertirían en un sujeto técnico que, a la chita callando, acabaría siendo el monaguillo de las transformaciones y de la nueva acumulación capitalista. Y eso cabe perfectamente en la cabeza de quienes ponen en curso esa operación, los capitales. Cierto, con el riesgo de que si consiguen cortar las uñas constitucionales a los dedos democráticos aparecerán situaciones de anomia social, de surgimiento de fugaces y exasperadas representaciones sociales que, metafóricamente o no, se tirarán al monte. Este es un riesgo calculado, porque a lo largo de la historia siempre fueron derrotadas estas expresiones. Eso no es lo que temen los grandes capitales; es el sindicalismo confederal maduro, potente, celoso de sus instrumentos democráticos, capaz de promover nuevas discusiones y prácticas de rejuvenecimiento eficaz del conflicto social, interesado en pasar de su carácter representacional a una nueva forma de representación inclusiva, dotado de nuevas figuras que indiquen cuál es la fuente de legitimidad que le viene del conjunto asalariado. De esa manera, al menos como hipótesis, podrá intervenir en los procesos de esa “Europa de belleza madura, sabia y experimentada en derecho”.

P/S Una sentencia fatal la de Viking: sí.
José Luis López Bulla: Fue secretario general de CCOO de Catalunya durante 25 años.

martes, 11 de diciembre de 2007

No son siquiera 'mileuristas'

11-12-2007 - Alrededor de 15.000 empleados que trabajan con mujeres maltratadas, indigentes o inmigrantes en la región (lo que se denomina el sector "de intervención social") están convocados hoy a la huelga. CC OO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios en esta área, denunciaron ayer la precariedad, el encadenamiento de contratos y los bajos salarios de "centenares de empresas y ONG", según CC OO, que no respetan el nuevo convenio firmado en septiembre.

Son empresas o asociaciones humanitarias contratadas por la Comunidad y los ayuntamientos, desde "asociaciones de barrio a grandes entidades", denunciaba ayer Berta Luján, la responsable del área de CC OO.

"El 80% de los trabajadores tienen contrato por obra y servicio, no son siquiera mileuristas", añade.

"Cáritas, Intermón o ACCEM son algunas de las organizaciones que se resisten a cumplir el que en septiembre se convirtió en el primer convenio colectivo del sector", explicaba ayer Julio Novillo, representante de Comisiones Obreras.M. S. F. responde al perfil de los trabajadores de este sector: mujer, joven y cualificada. Es abogada y tiene 37 años, pero ha trabajado durante casi tres en la Asociación Comunicación Católica Española de Migraciones (ACCEM), y antes lo hizo en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). M. S. F. comenzó ganando 600 euros por asesorar a los inmigrantes que querían acogerse al proceso de regulación en 2005. Y terminó ganando el doble cuando ya viajaba por Europa y daba conferencias.

"Después de cuatro contratos, y ante el secretismo y el miedo a preguntar cualquier cosa que me ayudase a aclarar mis competencias, optamos por sindicarnos, y eso fue mi ruina. Dejaron de encargarme asuntos y me ocultaron información hasta que encontraron una excusa para despedirme", asegura M. S. F., que ha denunciado su caso en los tribunales.

En ACCEM reconocen que de sus 129 empleados, sólo 26 son indefinidos, "pero se compensa la temporalidad con las vacaciones de un mes y medio", dice un portavoz.

En Intermón aseguran que 31 de sus 36 empleados en Madrid tienen contrato indefinido, con su propio convenio. En Cáritas muestran toda clase de reticencias a dar datos sobre la situación laboral de sus 110 trabajadores y se limitan a decir: "Tenemos un convenio propio mejor que los otros".

El Pais

lunes, 10 de diciembre de 2007

Un Estado que decide coartar libertades en nombre de la seguridad sabe dónde empieza el proceso, pero no, dónde termina

10-12-2007 - Ante las celebraciones que se proponen para el año 2008, en conmemoración de un hito tan importante como el 60 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo necesario detenerme a reflexionar sobre algunos factores que nos permitan apostar, de cara al futuro, por un sistema plenamente eficaz de garantía de los derechos humanos. Hoy en día, el debate sobre los derechos humanos plantea un difícil reto: repensar y rebuscar un lenguaje genuinamente universal, a través del cual las diversas culturas y civilizaciones puedan conocerse y reconocerse. Solo así se podrá transitar por el camino de la convivencia y la dignidad humanas por el que, desde luego, en el pasado no supimos andar bien.

Desde la necesaria interacción entre la democracia y los derechos humanos, estos últimos no pueden concebirse como un instrumento de dominación e imposición ideológica o de los intereses de un sector de la humanidad sobre otro, pero tampoco se puede obviar la existencia de un consenso acerca del valor universal de los derechos humanos. Universalismo y regionalismo no son fórmulas excluyentes o incompatibles. El respeto de la dignidad humana pasa por una apuesta decidida por el diálogo, la comprensión mutua y el aprecio de la diversidad étnica, cultural y religiosa, haciéndose imprescindible una alianza de valores y de personas que potencien el multiculturalismo, pero siempre comprometidas con normas, valores e ideales democráticos.

El principio de que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos" se configura como una afirmación abstracta para una gran mayoría de seres humanos. Señalo dos realidades que nos acechan: la situación de extrema pobreza y la protección de los grupos especialmente vulnerables. Primero, el binomio pobreza-riqueza es en la actualidad más extremo que nunca. La solución va más allá de las medidas estrictamente económicas. La erradicación de la extrema pobreza no debe apreciarse como un gesto de caridad, sino que es un acto de justicia. Es la protección de un derecho fundamental del ser humano: el derecho a la dignidad y a una vida decente. La superación de la mala organización ético-moral de la economía mundial pasa por la consideración del desarrollo como un derecho humano y por la búsqueda de alternativas correctoras de esta desigualdad.

Y, SEGUNDO, manifiesto la deficiente respuesta ante los derechos de los grupos especialmente vulnerables y del reconocimiento del primero de los derechos humanos: el derecho a tener derechos. Debemos rechazar la confusión entre protección social y reconocimiento de derechos fundamentales, ya que en la mayoría de las ocasiones se incide en que las personas deben ser protegidas en lugar de otorgarles derechos, quedando, por tanto, en situación de dependencia.

Otro reto que tenemos es el de la incidencia de las nuevas tecnologías. Estas constituyen un inmenso cauce de desarrollo de la condición humana, pero suponen también ciertos riesgos y amenazas. Estamos obligados no solo a apreciar las violaciones que para los derechos y libertades puedan seguirse de las nuevas tecnologías, sino, también, a valorar la necesidad de acoger las mejoras que para el ejercicio de estos derechos, como el derecho a la salud o al medio ambiente, tales adelantos puedan suponer.

Estos desafíos deberán guiar el comportamiento de los movimientos sociales y de los estados. Desde la sociedad civil será necesario impulsar políticas concretas, más y mejor orientadas, para lograr hacer realidad los valores éticos, constitucionales y de cohesión social que representan la libertad, el bienestar, la solidaridad y la igualdad. Y, por su parte, el Estado deberá asumir definitivamente su rol de garante de los derechos humanos. Hablo de un Estado que garantice la seguridad y la libertad de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Conceptos --seguridad y libertad-- que ni pueden, ni deben ser enfrentados, ya que un Estado que se tome el permiso de coartar derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, sabe dónde comienza el proceso, pero nunca sabrá dónde termina, porque se trata solo del inicio de una pendiente peligrosa que finaliza siempre en un abismo. Una doctrina que justifique la tortura, las restricciones y las derogaciones a los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional o mundial, únicamente logrará potenciar medidas que resultarán más desestabilizadoras que su justificación.

EN CUANTO a la protección internacional, si bien es verdad que tanto el sistema universal como regional de garantía de los derechos humanos han ido mejorando sus técnicas de actuación a lo largo de los años, al mismo tiempo han venido mostrando patologías y disfunciones que privan, a veces de modo intenso, de eficacia a su labor. Necesitamos trabajar en la reforma de estos sistemas ya que la causa de los derechos humanos debe entrar en una nueva era: la de su aplicación.La lucha por los derechos humanos, entendida como proceso histórico y continuo en la permanente búsqueda del bien común de la humanidad, no ha hecho más que comenzar.

DAVID Bondia García
Profesor de Derecho Internacional Público de la UB y director del Institut de Drets Humans de Catalunya.
El Periodico

Casi toda la plantilla de Delphi-Tarazona decide abandonar la factoría

10-12-2007 - Se confirmaron los peores augurios. El 97% de la plantilla de Delphi en Tarazona ha decidido sumarse a la lista de bajas voluntarias y abandonar la compañía. Esto supondrá el cierre definitivo de la planta que la multinacional del cableado tiene ubicada desde hace casi veinte años en el polígono industrial turiasonense.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Aragón Press el presidente del Comité de Empresa, Javier Alegría, quien no esperaba un porcentaje tan elevado. “Aunque sí que superase a ese 75% que había puesto la empresa, ya que esta es la tercera vez que vienen a cerrarnos y al final todos o la mayoría del personal ha entendido que es el final”, ha afirmado.

A las 18.00 horas concluía el plazo marcado por la dirección de Delphi a los trabajadores. La compañía había anunciado que, debido a las pérdidas económicas que arrastra la planta, iniciaba otro Expediente de Regulación de Empleo (ERE) similar al de hace un año, con idénticas condiciones económicas, pero esta vez abierto a la totalidad de los empleados: 320 personas.

Desde el primer momento, todos interpretaron esta acción como un cierre encubierto de la factoría, con el fin de trasladar la producción a otra planta en Portugal. Sindicatos, partidos políticos y equipo de gobierno municipal lanzaron mensajes de unidad y se posicionaron en contra de la actitud de Delphi.

Pero la multinacional pasó la ‘patata caliente’ a los trabajadores, que ante esta situación han decidido -por abrumadora mayoría- abandonar una empresa en la que llevan trabajando casi veinte años. “El más joven lleva diez años y el que más casi veinte, son muchos años y es una pena, la verdad, todos hemos pagado las casas, se han sacado adelante a los hijos… es una verdadera pena, la verdad”, ha asegurado Javier Alegría

Como indemnización, cada empleado recibirá una cantidad en base a 85 días por año trabajado hasta el 2006 y 45 días por el presente ejercicio. En total, la compañía desembolsará unos 24 millones de euros.

Para el representante de los trabajadores “ahora queda mirar para delante” y ha dicho que espera que todo el proceso “sea ordenado”.

Por último, ha querido dejar claro que “la que cierra es la empresa, no nosotros”: “este porcentaje dará pie a mucha especulación, muchos dirán que han sido los trabajadores de Delphi quienes han cerrado la fábrica, cuando no es así, ha sido una decisión forzada”, ha dicho.

Federación Minerometalúrgica de CCOO

sábado, 8 de diciembre de 2007

Es la independencia sindical, estúpidos

07-12-2007 - He dudado un poco, pero al final he pensado que era un buen momento para sacar la reflexión. Tanto comportamiento políticamente correcto nos puede acabar provocando una úlcera de estómago o un infarto de corazón.

De un tiempo a esta parte me he visto emplazado a dar explicaciones sobre el porqué de las decisiones de CCOO ante las imputaciones de seguidismo de determinado partido político. Hasta aquí nada de nuevo, porque así ha sido a lo largo de nuestra historia. Lo más nuevo y curioso es que en menos de quince días hemos recibido acusaciones de estar conchabados con el PP, con IC y con el PSC. Que criticamos algunas políticas del Gobierno español, es que estamos al servicio del PP. Que defendemos el mantenimiento del alquiler forzoso o expresamos el desacuerdo con la reforma del impuesto de sucesiones o donaciones presentado por el Gobierno catalán, es que estamos al servicio de ICV-EUiA o ellos al de CCOO. Que decidimos no convocar a la manifestación del 1-D con argumentos conocidos, es porque seguimos instrucciones del PSC.

Y como si Eugenio - el humorista - hubiera resucitado va uno y escribe: sabéis aquél que dice que CCOO no fue a la mani del 1-D porque sigue los dictados de la "cúpula española" de CCOO. Éste sí que es bueno, qué hartón de reír se habrán dado algunos.

Parece como si determinada gente no pudiera entender que haya organizaciones que piensen con su cabeza y actúen con su responsabilidad, cuando ellos creen que lo acertamos o cuando ellos creen que nos equivocamos. Quizás en este caso sirva aquello de "cree el ladrón que todos son de su condición". Pensándolo bien es normal que alguna organización que se presenta como sindicato y que todos sus delegados caben en un autobús de doble piso - literalmente hablando - diga que nuestro comportamiento es por las subvenciones que recibimos. Tendría gracia si no fuera porque son una organización que desde su nacimiento se alimenta de las subvenciones del poder público prácticamente en exclusiva, primero de CiU y después de un trozo del tripartito.

Y algunos medios de comunicación también la dicen grande, incluso en los editoriales. Ver monárquicos donjuanitas criticando a CCOO porque no defendemos lo suficiente a los trabajadores catalanes tiene su gracia. Y ver otros medios que llevan desde su nacimiento con respiración asistida de los presupuestos públicos y que han sobrevivido gracias a la vista gorda del gobierno español en forma de millones de euros tampoco no tiene desperdicio.

Bien, nosotros a la nuestra, pero he pensado que la buena gente de CCOO se merece que alguien diga las cosas por su nombre. Si algo nos ha hecho fuertes a lo largo de nuestra historia ha sido confiar en nuestras propias fuerzas exclusivamente, sin tener que depender de ningún "primo de zumosol".

Y por eso cuando cometemos errores - que no es infrecuente - no nos sabe tan mal, para que son errores nuestros y eso significa que si no nos enrocamos los podemos reconducir. La independencia sindical tiene muchas ventajas y tiene un pequeño inconveniente, nadie te considera de los suyos, sobre todo si no haces lo que ellos creen que tienes que hacer. Sólo así se explican estas cosas.

El pasado martes, en el acto de presentación del libro "Solé Barbera, la voz del PSUC" de Andreu Mayayo, un periodista amigo, de los de la generación de "política es pedagogía" me preguntó si aguantaríamos tanta presión. Mi respuesta fue que mientras los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo nos continúen dando su representatividad y nos legitimen evidentemente aguantaríamos.

Ah, que quede claro que el título de este comentario no pretende ser ofensivo para nadie. Es sólo la famosa frase de Clinton - el esposo de la actual candidata demócrata a la Presidencia de los EE.UU. - en su primera campaña electoral, ya hace unos cuantos años, y que ha sido una de las expresiones de impacto comunicativo más brillantes de la historia. Sobre todo porque permite recordar que hay cosas tan evidentes que sólo abriendo los ojos se pueden ver. Y que quede claro, todo lo que he escrito es "sin acrituz", con Z de González, que lleva dos.

Joan Coscubiela Conesa
Secretario general de CCOO de Catalunya
Traducido del original en catalán por la redacción de Comfia.info

Segmentación de los mercados de trabajo y relaciones laborales: El sindicalismo ante la acción colectiva

La segmentación laboral explica que en las relaciones sociales de empleo adquieran un mayor espacio las relaciones individuales y sobre todo la acción micro corporativa. Si este panorama supone de por sí un reto importante para los sindicatos, a ello se añade que estas organizaciones no son inmunes al desarrollo de estos impulsos en su seno.

Ramón Alós

http://www.comfia.info/noticias/38555.html

miércoles, 5 de diciembre de 2007

Las nuevas enfermedades

05-12-2007 - La creación, por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de una red de centros dedicados al estudio e investigación de los riesgos laborales en su conjunto con sedes en Jaén, Huelva y Granada, es un acierto. En esta sociedad industrializada, marcada por la tecnología y una competencia que exige cada vez cotas más altas de productividad, ha venido generando la aparición, cada vez mas frecuentes, de siniestros con origen y causa en el trabajo; también lo que se ha venido en llamar las nuevas enfermedades laborales. El estrés laboral, el síndrome del quemado y las distintas clases de violencia, como son el acoso laboral y sexual en las relaciones en la empresa, eran y son una realidad hasta el punto que el 17% de las bajas laborales de Andalucía tienen esta base de diagnóstico. La importancia, pues, de estos centros es más que evidente. Una evidencia que se muestra por el alto porcentaje de bajas como también por el hecho de que, lejos de disminuir, siguen aumentando, enseñando a las claras que el trabajador es cada vez más vulnerable. Vulnerabilidad que exige una atención especial que permita determinar sus causas para buscar soluciones.

Es fácil y no sería nada extraño, dada la utilización interesada de estos instrumentos por parte de algunos políticos, que quiera responsabilizarse o buscar el origen de las causas de estas enfermedades en posiciones de trabajo autoritario, herederas de un sistema anterior cuando no en la precariedad o inestabilidad en el empleo. No pienso que sea así; menos con este acento. Las enfermedades provocadas por el estrés o el acoso, en cualquiera de sus aspectos, no derivan de un sistema de trabajo anclado en el pasado heredado ni todas ellas tienen su causa exclusiva en la precariedad en el empleo. Las llamadas nuevas enfermedades, que no son tan nuevas puesto que siempre han existido aunque no con la virulencia actual, están extendidas en la sociedad capitalista en general y son una consecuencia de la globalización. En esta realidad económico-laboral que vivimos, y con estas consecuencias y afectación a los trabajadores, es un acierto el establecimiento de esta red de centros y conseguir que, pese a la violencia competitiva y la más de las veces desleal, pueda invertirse la tendencia. Y debe hacerse sin miedos. Teniendo presente que, en las relaciones laborales, hay que frenar la impunidad en la muchas veces se actúa por parte empresarial frente al trabajador, al que se le imponen condiciones muy desfavorables o de desprestigio que le causan deterioros psicológicos. Imposiciones que se dan más en los empleos estables que en los precarios pues, de tener éxito estos comportamientos, se consiguen bajas voluntarias y se eliminan costes empresariales elevados, lo que no necesita el capital en los trabajos precarios y temporales porque la propia precariedad y temporalidad elimina costes.

Sin duda las leyes que actualmente están en vigor, y muchas de ellas responden a una gran sensibilidad social, dan cuenta de que este problema existía y que la sociedad no lo aceptaba, tal como lo muestra, la existencia de tipos delictivos y sanciones administrativas específicas de protección para los trabajadores. Hoy se sanciona penal y administrativamente el acoso, el hostigamiento y discriminación laboral, entre otras conductas atentatorias contra la dignidad de las personas.

Sin embargo y aún siendo así y constituyendo una de las preocupaciones de la sociedad, era necesario que los poderes públicos abrieran otros cauces de forma que se ahondara en esta problemática, buscando las auténticas causas de estas enfermedades para fortalecer la posición del trabajador, siempre débil en sus relaciones de trabajo.

Con el establecimiento y puesta en marcha en la Universidad de Jaén del Laboratorio-Observatorio Andaluz de los Riesgos Psicosociales, se van a definir causas y, por tanto, se van a combatir unas enfermedades que, en muchas ocasiones, se provocan no por el trabajo sino por un ejercicio de dirección abusivo y perverso que, por las propias condiciones en las que surge y se desarrolla, hace disfrutar a sus autores de una impunidad que, sin esta dependencia no disfrutarían.

EUGENIO S. PALOMARES
El Pais