Los ciudadanos comprobarán en breve que la escalada de los precios todavía no ha llegado a lo más alto y que el ya deteriorado poder adquisitivo de los salarios todavía puede empeorar.
28-12-2007 - Casi todas las tarifas de servicios públicos se encarecerán muy por encima de la inflación prevista en 2008. Los inquietantes ejemplos van desde el 4,8% que subirán las tarifas del gas, el 2,7% que aumentarán los precios telefónicos o el 4,5% que se encarecerán los billetes de los trenes de cercanías. La presión de las tarifas públicas elevará los precios de otros servicios, como los taxis o el transporte por carretera.
En principio, las subidas de tarifas, como las de los alimentos básicos que han disparado la tasa anual de inflación hasta el 4,1%, responden a la política ortodoxa de transferir los aumentos de costes a los consumidores. Así debe suceder en una economía de mercado. Los problemas son de otro orden. Uno de ellos es la inoportunidad de estas subidas, que disminuirán sensiblemente el poder adquisitivo de los consumidores y, por tanto, su bienestar. Es bien conocido el riesgo de que, por una parte, disminuya el consumo y, por tanto, el crecimiento económico y, por otra, las reclamaciones salariales para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo acaben por favorecer un nuevo recrudecimiento de la inflación.
Lo más preocupante es que detrás de esa política correcta de trasladar los costes a los compradores se amparen subidas de precios oportunistas, especulativas, casi siempre en mercados dominados por redes de distribución monopolistas u oligopolistas. Detrás de los encarecimientos espectaculares de algunos alimentos, como el pan o varios productos agrícolas, se esconden este tipo de comportamientos, típicos de logreros. Hace falta con urgencia que el Gobierno practique una política antiinflacionista más activa para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados.
El Pais
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